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 Ha dicho el presidente Iván Duque que de la emergencia sin precedentes que viven Colombia y el mundo saldremos mejores y más fortalecidos. Soy un pleno convencido de ello. Nuestras actividades, nuestra forma de vida y la manera en que interactuamos unos con otros han cambiado radicalmente. Así como hemos perdido a seres queridos, hemos dimensionado el enorme valor y la tenacidad de nuestro personal médico. Y, así como hemos tenido que distanciarnos unos de otros, hemos fortalecido los lazos que nos unen.







En qué consiste


Los diferentes sectores políticos generaron sus propuestas. De estas, una se concentró en la renta básica de emergencia, que consiste en darle un salario mínimo a 9 millones de colombianos durante tres meses, y la mitad de un salario mínimo los dos meses siguientes. A partir de ahí presentamos un proyecto de ley para convertir en política pública –y con carácter permanente– la transferencia monetaria no condicionada. El objetivo es que, independientemente del gobierno de turno, el país tenga esa política pública.


La principal diferencia respecto a la propuesta inicial planteada por diversos sectores políticos es la focalización. Cuando hicimos el barrido de los indicadores que tienen el DNP y el DPS, encontramos que uno de los mayores éxitos ha sido el Registro Social de Hogares. Se trata de una herramienta clave para entregar estas transferencias de manera más focalizada. Esto supone mayor efectividad y eficiencia para combatir la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad.


Esa focalización se extiende al decil número 5, es decir, a los hogares colombianos que presentan mayor desequilibrio entre sus ingresos y sus gatos, de acuerdo con el Registro Social de Hogares. Estamos hablando de 7,1 millones hogares.


Esto requiere de un esfuerzo fiscal mucho mayor que el que actualmente se está haciendo, pero sabemos que vale la pena, pues el objetivo de fondo es replantear los diferentes subsidios y programas que hacen parte de la política social del estado colombiano para convertirlos en una transferencia monetaria.


Además de la focalización y la identificación, queremos determinar el costo fiscal que tendría esta propuesta. Estamos hablando de entre 20 y 22 billones de pesos anuales. Si se comenzara por cubrir a 9 millones de personas –no de hogares– el costo anual sería de alrededor de 111 billones de pesos anuales, una cifra que se sale de proporciones.


Sabemos, sin embargo, que sacar en este momento 22 billones de pesos de la bolsa pública es muy difícil dadas las condiciones actuales. Por eso queremos comenzar por lo menos con la entrega de una transferencia monetaria no condicionada complementaria a todos los programas sociales a los hogares colombianos que se encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema que al menos esté en la línea de pobreza. Hablamos, pues, de alrededor de 327 mil pesos.


Con esto buscamos complementar los diferentes programas sociales para que el Ingreso Solidario sea una sombrilla de los demás programas. Nuestra propuesta es hacerlo de manera gradual para llegar a la cifra de 327 mil pesos en los próximos entre cinco y diez años. Durante este periodo se haría la ampliación tanto de cobertura como de valor. De esta forma, se comenzaría en los 160 mil pesos actuales, y se incrementaría progresivamente.


¿Cuál sería la fuente de recursos? El bono solidario. Muchos futuros ciudadanos colombianos nacen casi condenados a condiciones muy desventajosas para su desarrollo y tener las oportunidades necesarias. Esta es una idea que se planteó hace más de una década y que retomamos con el Centro Democrático hace algunos meses.


Consiste en la consignación de unos recursos al momento de nacer un nuevo colombiano en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Estos recursos servirían como un ‘colchón’ de pensión si la persona continúa en estas condiciones a lo largo de su vida. También se ha planteado que la persona, de forma voluntaria, al momento de graduarse de un programa técnico, tecnólogo o profesional, lo pueda utilizar para proyectos de emprendimiento.


Sobre este proyecto hemos hablado con diferentes sectores políticos, y se han mostrado dispuestos a apoyarlo.


En el proyecto de ley sobre ingreso básico garantizado también quisimos dejar como fuente establecida de ingresos el criterio de austeridad. Nuestro objetivo es que un ahorro de por lo menos el 0,2% del PIB vaya con una destinación exclusiva a los programas sociales –tanto de transferencias condicionadas como no condicionadas.


Otras propuestas han planteado eliminar todos los programas sociales y dejar solo una renta básica. A mi juicio, esto es un error, pues estaríamos perdiendo una importante cantidad de experiencia y conocimiento que se ha adquirido con base en la política social que lleva cerca de 20 años, por ejemplo en el marco de Familias en Acción. Borrarla de un trazo no sería lo más eficiente. Por el contrario, hay conocimiento acumulado que nos puede ser de utilidad para seguir corrigiendo, replanteando y mejorando los diferentes programas sociales.


En este sentido, hay otro aspecto adicional que encuentro inconveniente. La propuesta de renta básica no focaliza bajo el número de personas en el hogar –que tiene un promedio de 3,3 personas–. Si hablamos solo de 9 millones de personas, se estarían generando inequidades y se eliminaría la focalización. Es diferente entregarle una transferencia monetaria a alguien que encabeza un hogar de tres personas que a las tres personas de un hogar.
fuente: https://www.ofiscal.org/post/el-ingreso-b%C3%A1sico-en-colombia-s%C3%AD-es-posible-lleg%C3%B3-la-hora

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